En el marco del juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos (EEUU), la Argentina se prepara para revelar la próxima semana el destino de parte de sus reservas de oro. La decisión se produce mientras persiste la apelación del país contra la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que en 2023 lo condenó a pagar más de U$S18.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.

A pesar de la apelación, Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia, inició medidas paralelas para ejecutar el fallo. Entre ellas, busca transferirle acciones del Estado en la empresa y demostrar el “alter ego”, es decir, que la Argentina y YPF son la misma entidad, como estrategia para presionar y asegurar el cobro.

En este contexto, Burford solicitó acceso a los correos electrónicos de los últimos dos ministros de Economía y a información sobre la ubicación del oro del Banco Central, con claros fines de embargo. El proceso, conocido como “discovery”, permite a los acreedores recopilar información sobre activos potencialmente embargables. Desde el gobierno, fuentes oficiales afirmaron que colaboran con el procedimiento, aunque resaltaron que no existe intención de entregar los datos solicitados, consignó el sitio Infobae.

“Estamos colaborando con el 'discovery', pero está apelado porque va sobre las leyes argentinas. Es un despropósito, pero estamos cooperando. Burford está nervioso porque sus acciones no paran de caer”, indicó una fuente del gobierno de Javier Milei, en referencia a la caída del 22% en la cotización de la firma desde la audiencia de apelación.

El documento de Latam Advisors, firmado por Sebastián Maril, detalla que la jueza Preska ordenó al gobierno argentino presentar funcionarios con conocimiento directo sobre siete temas específicos, incluyendo la ubicación y el uso potencial de las reservas de oro, a partir del 18 de noviembre. Entre los puntos solicitados se incluyen:

- Movimientos, transferencias o ventas de oro y otros activos valiosos, especialmente en los últimos tres años.

- Activos argentinos en EE. UU. y otros países.

- Transacciones internacionales realizadas desde Argentina o en su nombre, con énfasis en movimientos bancarios desde el 24 de enero.

- Relaciones comerciales con China, incluyendo pagos, transferencias y contratos recientes.

- Operaciones en recursos naturales, energía, infraestructura o minería realizadas por Argentina o personas vinculadas, en EEUU o en el extranjero.

- Pagos realizados para beneficio del Estado argentino en el exterior.

- Transacciones con China y activos de organismos estatales o empresas controladas.

El informe subraya que, a fines del año pasado, el Banco Central confirmó haber transferido parte de sus reservas de oro a cuentas en el extranjero para certificación, permitiendo su uso como garantía en operaciones financieras. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre su destino final, entre posibles garantías de recompra o exposición en litigios. Actualmente, las reservas de oro del país se valoran en 4.900 millones de dólares.

El próximo viernes vence el plazo para que el gobierno entregue información sobre exfuncionarios y actuales dentro del discovery. Las audiencias con expertos designados por Argentina comenzarán unos días antes. Si los funcionarios designados no responden con precisión sobre la ubicación del oro, la jueza podría considerar desacato, aunque esos detalles no necesariamente se harán públicos.

Latam Advisors advirtió que esta sería la primera vez que el gobierno divulga información de este tipo a terceros no gubernamentales y que la falta de transparencia simultánea con el Congreso podría generar fricciones políticas internas, justo cuando el presidente Milei busca consolidar apoyo tras las elecciones de mitad de mandato y un reciente acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos.